La SIC considera que se presentó una «cartelización salarial» en la contratación de jugadoras.
En las últimas horas la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió investigación contra la Dimayor y Federación Colombiana de Fútbol por contratos en el fútbol femenino. De acuerdo con el organismo, se presentó una ‘cartelización salarial’ en la contratación de las jugadoras pertenecientes a varios equipos de la Liga Femenina.
La apertura de investigación y formulación de cargos es contra Jorge Enrique Vélez, expresidente de la Dimayor, el actual Presidente Fernando Jaramillo, los dirigetes Carlos Alberto Barato, Luis Eduardo Méndez, Diego Fernando Perdomo, Carlos Mario Zuluaga y Óscar Ignacio Martán, entre otros.
Uno de los aspectos relevantes en los que está sustentada la apertura de la investigación y la formulación de cargos, es que a las jugadoras, se les paga únicamente el salario mínimo más el auxilio de transporte.
«Los clubes investigados, con la participación de la FCF y la Dimayor, habrían acordado el valor de los salarios de las jugadoras de fútbol profesional femenino. Para eso habrían fijado una tabla de salarios que clasificaba a cada jugadora en una categoría de la que dependía su remuneración. El objetivo de este presunto acuerdo entre competidores habría sido garantizar que la mayoría de las jugadoras profesionales únicamente recibieran el salario mínimo legal mensual vigente y que, como máximo, tuvieran una remuneración de 4.500.000 pesos mensuales», aseveró la SIC en un comunicado emitido ayer tras la rueda de prensa.
La FCF y la Dimayor, con la anuencia de los clubes investigados, habrían sido renuentes a recibir los recursos que ofrece el Gobierno Nacional para la promoción y el desarrollo del fútbol femenino en Colombia. Los directivos de las instituciones investigadas se habrían negado a recibir o utilizar esos fondos, aunque uno de los principales argumentos que han referido para explicar las condiciones del mercado del fútbol femenino es la falta de patrocinio y presupuesto para el desarrollo de la Liga Profesional. De conformidad con las pruebas recaudadas, la explicación de esa renuencia en realidad habría sido que la recepción y la utilización del dinero público habría implicado que las instituciones quedaran sujetas a la vigilancia y auditoría de los entes de control» agregó la SIC.
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